Expulsados de la Facultad de Psicología por hacer periodismo

Fuimos a la Facultad de Psicología de la UBA para hacer un nuevo informe de una serie de coberturas sobre la universidad pública argentina. La pregunta que veníamos siguiendo era sencilla y, en teoría, incómoda para nadie: cuánto cuesta, quiénes estudian, cuántos se reciben y hasta qué punto las facultades se convirtieron en espacios de militancia política. Salimos con más respuestas de las que esperábamos, aunque no exactamente las que habíamos ido a buscar.

Lo primero que encontramos fue una facultad atravesada por la política partidaria. Banderas del Che Guevara y de Palestina en los pasillos, imágenes de dirigentes de izquierda pegadas en las paredes, mesas de agrupaciones militantes en cada rincón. Nada de eso es ilegal ni sorprendente para quien haya pisado una universidad pública en los últimos treinta años. Pero conviene decirlo con todas las letras: eso no es el decorado de una facultad, es su clima político cotidiano, y ese clima define quién se siente cómodo adentro y quién no.

Lo que pasó cuando prendimos la cámara

El momento más llamativo llegó cuando un grupo de estudiantes y militantes intentó impedirnos grabar. No hubo un pedido formal, ni una autoridad, ni un reglamento citado. Hubo un grupo que decidió por su cuenta que ahí no se filmaba y que terminó expulsándonos del edificio entre gritos de “facho”, “nazi” y “autoritario”.

Algunos fueron todavía más explícitos y afirmaron abiertamente que la universidad pública no era un lugar para libertarios ni para personas de derecha. Vale detenerse ahí, porque no es un exabrupto menor: es la idea de que una institución financiada por todos los argentinos tiene dueños ideológicos, y que esos dueños tienen la facultad de decidir quién entra, quién pregunta y quién filma.

Me acusaron de autoritario mientras me sacaban de un edificio público por pensar distinto. La contradicción no la inventé yo.

El debate de fondo

Lo que ocurrió ese día importa, pero es apenas la puerta de entrada a una discusión mucho más grande. La universidad pública argentina es gratuita para quien estudia, no para quien la paga. La sostienen los impuestos de todos, incluidos millones de argentinos que nunca tuvieron la posibilidad de acceder a ella y que probablemente nunca la tengan.

Y los números de ese sistema son incómodos. No los invento yo: salen de las estadísticas del propio Ministerio y de informes que trabajan sobre esos datos oficiales.

Sobre este último punto quiero ser honesto, porque es donde más se exagera en las dos direcciones: el 4,2% de estudiantes extranjeros no explica la crisis del sistema, y quien diga que sí está usando mal el dato. Lo que sí abre una discusión legítima es qué pasa en las carreras donde esa proporción se multiplica por siete, y si tiene sentido que el contribuyente argentino financie de forma íntegra y gratuita a residentes no permanentes cuando en sus países de origen esas mismas carreras se pagan.

Nada de esto implica que la universidad pública deba desaparecer. Implica que un sistema que gasta $34,7 millones por cada graduado, donde más de la mitad de los estudiantes no aprueba más de una materia al año, y que termina beneficiando sobre todo a quienes ya lograron llegar a la educación superior, necesita como mínimo una discusión profunda y con los números sobre la mesa. Discutirlo no es atacarla. Negarse a discutirlo, en cambio, sí es una forma de protegerla de la gente que la paga.

El problema ya no es solo educativo

Cuando dentro de una universidad pública se pretende expulsar a un periodista por sus ideas políticas, el asunto deja de ser una cuestión de presupuesto o de tasas de egreso. Pasa a ser una cuestión de quién tiene permitido preguntar.

La universidad no debería pertenecerle a la izquierda, a la derecha ni a ninguna agrupación. Si la pagan todos los argentinos, debería ser verdaderamente de todos: de los que estudian ahí, de los que nunca pudieron entrar y también de los que van con una cámara a hacer preguntas que a alguien le molestan.